NOVEDADES

La educación un derecho no negociable
2010-02-02

Comunicado de interés para quienes se inquietan
por los derechos de las minorías vulnerables

La Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur (Antes Ciesor, Escuela de Ciegos y Sordos), ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, fue fundada en el año de 1925 con el fin de atender las necesidades educativas de esta población. Fue espacio exclusivo de estas poblaciones hasta el 2004, año en que –debido a las políticas nacionales de integración educativa y el rechazo a la educación especial- deja de ser una institución especial para convertirse en una institución educativa regular (con educación en los niveles de preescolar, básica y media) y recibir en sus aulas a estudiantes oyentes y videntes.

Su misión institucional dice expresamente que Es una institución que integra a estudiantes con y sin discapacidad sensorial (sordera y ceguera), para lo cual cuenta con recursos técnicos y humanos especializados, como intérpretes de Lengua de Señas Colombiana, modelos lingüísticos y culturales Sordos, Aula de Apoyo, instrumentos de áreas tiflológicas y maestros bilingües.

Sin embargo, se cursa ya por la tercera semana de trabajo académico con los estudiantes y la Secretaría de Educación del Municipio de Medellín, a quien le corresponde la contratación de los servicios educativos, no ha contratado a los intérpretes de Lengua de Señas Colombiana (necesarios para la educación en la básica secundaria y media), ni a los modelos lingüísticos (necesarios para la básica primaria), ni a la instructora de áreas tiflológicas (necesaria para toda la población vidente e invidente), ni el servicio de transporte escolar (necesario para todos los ciegos y sordos que viven en lugares alejados del colegio).

Ésta no es una situación nueva, desde el año 2006 viene sucediendo lo mismo: la secretaría de educación se demora hasta tres meses en contratar estos importantes servicios y enviarlos a la institución, lo que va en detrimento de la educación con calidad para la población que esta institución atiende.

Se le exige a la Secretaría de Educación Municipal, en cabeza de su secretario el dr. Felipe Andrés Gil, y a la Administración del Municipio de Medellín, en cabeza de su alcalde el dr. Alonso Salazar, contratar inmediatamente la prestación de estos servicios y comprometerse a crear los mecanismos administrativos que garanticen que nunca más haya retrasos en su contratación; es una deuda histórica que el Estado y la sociedad tienen con estas poblaciones minoritarias y vulnerables.

Como si esto fuera poco, hay vacantes tres plazas de docentes (dos en el bachillerato y una en la primaria), las mismas que hasta la fecha no han sido ocupadas por ningún profesional de la educación. Además, frente a incapacidades prolongadas, como la que tiene en este momento una docente del bachillerato por 45 días, la Secretaría de Educación NO nombra un reemplazo que supla este vacío, llevando al desorden los horarios y procesos institucionales. De nuevo, dr. Felipe Andrés Gil y dr. Alonso Salazar, les exigimos el inmediato nombramiento de los docentes faltantes.

Y aquí no acaba todo el atropello. La respuesta de la administración interna (en cabeza de su rector, el dr. Jhon Mario Garavito R.) es que esta institución, desde hace casi 7 años no es una institución especial sino regular, que su obligación es brindarle educación a todo el que llegue, que no tiene por qué estar recibiendo a todos los sordos de la ciudad, que lo mejor es que los sordos se retiren de la institución y se matriculen en instituciones educativas cercanas a sus residencias (evitándole a la administración municipal la contratación del servicio de transporte), en resumen, lo que propone la administración interna es que se acabe con la misión del colegio y la ciudad opte por la integración por dispersión de los sordos en diversas instituciones educativas.

Que suceda la integración por dispersión significaría, entre otras cosas, las siguientes: el despido de los docentes titulados en Educación Especial que hasta ahora laboran en la institución; la clausura del Aula de Apoyo Especializado que funciona la institución para beneficiar a los estudiantes matriculados en ella; la desprofesionalización del servicio de interpretación (que apenas se está configurando como profesión en nuestra ciudad) pues –al estar dispersos- se hace más difícil su conciencia de gremio y el mejoramiento continuo del servicio; la descualificación del servicio de los modelos lingüísticos y culturales, por las mismas razones anteriores sumándoles el hecho de que son sordos y no podrían comunicarse efectivamente con el grupo de docentes de una institución educativa donde los miembros no saben lengua de señas y no son sensibles frente a las necesidades de los sordos.

Esto sólo por mencionar las consecuencias de orden administrativo y profesional, pero si se miran las consecuencias en la educación de los sordos la situación es mucho peor: no se pude garantizar la adquisición del lenguaje para los sordos (recordando que su primera lengua es la lengua de señas colombiana) estando alejados de sus pares; es una estocada fatal para la comunidad sorda (parece una estrategia de globalización que quisiera invisibilizar aun más a los sordos como diferentes y hacer como si no existieran), pues al estar dispersos se les reducen los espacios de encuentro y el compartir lingüístico y cultural se reduce notablemente; el fracaso escolar de estos estudiantes sería casi inevitable pues la mayoría de los docentes de las instituciones educativas oficiales de la ciudad de Medellín no están preparados para atenderlos en sus necesidades.

¿Hasta cuando la administración seguirá atropellando a estas poblaciones? ¿hasta cuando lo seguiremos permitiendo? Que se oigan nuestras voces: ¡Hagamos cumplir sus derechos!

Atentamente,

Miembros de la comunidad educativa de la I.E. Francisco Luis Hernández Betancur preocupados por la educación de los sordos y los ciegos.

Medellín, 31 de Enero de 2010

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